El acto de conducir implica el riesgo de incurrir en responsabilidades frente a terceras personas tales como otros conductores, peatones u ocupantes del vehículo. Por eso, la ley obliga a disponer de un seguro obligatorio de responsabilidad civil para los vehículos a motor, matriculados o no, que cubra los daños personales y materiales hasta los importes fijados legalmente. Mas allá de la cobertura obligatoria, existen otras de carácter opcional tales como accidentes del conductor y los ocupantes, asistencia en viaje, cristales, defensa, reclamación de daños, daños del propio vehículo, incendio y robo. El precio de este seguro se calcula con variables tales como: zona de circulación, tipo, potencia y valor del vehículo. También se tiene en cuenta la edad, el sexo, la antigüedad del carné y los antecedentes siniestrales del conductor.
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