Se extiende a cubrir la Responsabilidad Civil Profesional que pueda derivarse de los errores profesionales en los que pueda incurrir el Asegurado en el ejercicio de su actividad como funcionario de la Administración Local, tal como la misma viene regulada en el Real Decreto 1174/7987 de 18 de septiembre en desarrollo de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, y demás disposiciones legales o reglamentarias que lo determinen por daños patrimoniales a los intervinientes en el proceso de que se trate o terceros, causados involuntariamente.
Se Incluye la pérdida o extravío de documentos, garantía de retroactividad de un año  y, opcionalmente, la inhabilitación profesional hasta 1.500 euros al mes por un periodo de hasta 12 meses.

Se entiende por daños patrimoniales, aquellos perjuicios patrimoniales que sufran clientes o terceros como consecuencia de los mencionados errores profesionales y que no sean reconducibles a un daño personal, material o consecuencial de éstos.